Después de comer, Elena suele ir al parque a tomarse un café, sentarse en la banca junto a la fuente a fumar un piti y contemplar lo que pasa a su alrededor. Ayer, al buscar su lugar en el parque, se percató que había alguien en su lugar haciendo exactamente lo mismo que ella.
Con timidez, Elena se acerca y observa que la mujer viste con elegancia, seguro que es de una clase social más alta y está allí por razones diferentes. Ambas comparten la misma banca, fuman y disfrutan la tranquilidad del entorno.
La concepción política y social de los espacios públicos dentro del marco urbano y la arquitectura en la ciudad contemporánea han evolucionado notoriamente en las últimas cinco décadas en respuesta a la consciencia y transformación social de las nuevas generaciones de ciudadanos que cada vez desarrollan más acciones para señalar la creciente desigualdad social. La idea de politizar el espacio público, o mejor, que el espacio público conserve el carácter político de una sociedad no es nueva. Desde la antigüedad, en Grecia y Roma, la ciudad (y su espacio público) fue el espacio privilegiado para la política y la vida social y económica, es decir, para el ejercicio deliberativo en torno al poder y a la organización de todos los elementos sociales.
Independiente del carácter social-político de la plaza pública -o del espacio público en general-, la arquitectura tiene a futuro un papel fundamental en la supresión de las desigualdades sociales, ya que posee la visión y el pensamiento democráticos de crear espacios más incluyentes.
Los edificios públicos tienen el reto de fomentar las prácticas democráticas en sus espacios y a la vez la función ética de renovar el carácter social y progresista de la arquitectura para las nuevas generaciones. Pero a la vez también tienen la misión de albergar la convivencia digna y amable de todos los ciudadanos y referenciar la fuerza simbólica de estos lugares/no-lugares en la estructura política, social, económica y cultural de las ciudades.
A diferencia de éstos, los edificios privados (centros comerciales, galerías, museos, etc.) se abren al público con la intención “equivoca” de acentuar la participación ciudadana y la inclusión social, aunque el resultado no es más que la interacción espacial bajo la influencia de un producto o marca comercial (operador) donde la desigualdad social se hace más notoria ya que estos espacios están predispuestos, controlados y son, en cierta forma, excluyentes social y políticamente. Como arquitectos, no podríamos referenciarlos como ‘espacio público’ debido a la carencia del contenido ético y político en ellos, y por ello recurrimos a nuevos conceptos o velos como es el caso de las ‘experiencias’.
Las políticas urbanas y de movilidad dentro de la ciudad y desde la periferia han ayudado a que los límites y distancias sean cada más difusos entre territorios (entendidos como delimitaciones geopolíticas con características políticas, económicas, culturales y sociales particulares). La movilidad -como herramienta urbana- ha ayudado a que se diluyan los límites y condicionantes en el uso de los espacios públicos a lo largo de los territorios. El acercamiento de la periferia al centro de la ciudad y viceversa hace que la interterritorialidad cuestione la demagogia histórica que les ha llevado a la exclusión de años atrás, así como a la inclusión de nuevos valores como instrumentos participativos dentro de la concepción de ciudad.
Las nuevas condiciones y las tendencias sociales y políticas en la manera de percibir el espacio urbano han hecho que -como en el caso de Elena- la integración social logre contener las tensiones y desencuentros ocasionados por la alta fragmentación social y espacial de las ciudades.
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